Lamentablemente algunos problemas técnicos nos impiden compartir el programa completo. Sin embargo, publicamos a continuación el informe presentado y los audios con la palabra de Elsa Bruzzone.
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El 18 de agosto pasado, la IV Flota de Estados Unidos, se sumó al Comando Sur para patrullar las aguas de los dos océanos de América Latina. Si bien esta medida del gobierno de los Estados Unidos recibió el rechazo del Parlamento del MERCOSUR bajo el argumento de que la presencia de la flota en la región implicaría la militarización de los conflictos regionales, lo cierto es que la flota continuará con su recorrido. La IV Flota fue creada en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de proteger a EE.UU. de posibles ataques de barcos o submarinos nazis y cuenta con barcos que portan misiles atómicos, dentro de su cargamento.
¿Cuáles son los motivos por los cuales Estados Unidos manda una flota de estas características, que hace 58 años estaba inactiva, a recorrer las costas latinoamericanas? En el 2009, EE.UU. deberá abandonar la base militar de Manta, en Ecuador, que representa la puerta de acceso a Sudamérica, usada para monitorear y preparada para albergar aviones de gran porte como los Awac o los C5 de transporte de equipo y tropas a gran escala. El cierre de esta base le significa a EE.UU. un freno a su expansión terrestre. Como ningún país latinoamericano le permite establecer una base en su territorio, reactivaron a la IV flota para que circule por las costas.
Uno de los motivos principales por los cuales Estados Unidos quiere avanzar sobre estos territorios tiene que ver con los recursos naturales de la región, principalmente, el agua. Sólo el 2.5 del agua del planeta es potable y los países que integran el G8 se encuentran con sus recursos hídricos contaminados por el desarrollo industrial y agrícola y, en vías de agotamiento, por la sobreexplotación.
Por otro lado, el cambio climático está afectando al 20 por ciento de los recursos hídricos superficiales del plantea y se calcula que para 2020 - 2025, es decir, casi dentro de 20 años, sobre una población, para ese entonces, de 8000 millones de personas (hoy somos 6500 millones), 7000 millones de niños, mujeres y hombres no van a tener acceso al agua potable.
Todo esto, parecería indicar que el agua ha dejado de ser un recurso natural, para convertirse en un factor de conflicto y de lucha entre poderes e intereses diversos a nivel mundial.
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Esto que menciona Elsa Bruzzone, integrante del CEMIDA y especialista en Goepolítica y biodiversidad, fue manifestado abiertamente por en un informes presentado por el Pentágono, en febrero de 2004 y salió publicado en The New York Times y The Guardian argumentando que la superviviencia de Estados Unidos como potencia depende de la toma del control sobre el agua. Por su parte la Unión Europea también plantea en su constitución la recolonialización de América Latina y el Caribe y de África para la apropiación de los recursos naturales.
Habría que pensar cuál ha sido el rol del Estado ante este panorama y sobre esto le preguntamos a Elsa Bruzzone y esto fue lo que nos contestó…
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Se podría decir que esta tendencia del Estado comenzó en los noventa con la entonces Secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alzogaray, otorgó todos los permisos a los pioneros del agua: (Douglas) Thompkins, (Ted) Turner, los Benneton, que vinieron a comprar tierras cuando el Banco Mundial advirtió sobre la oportunidad que ofrecía el país para hacer negocios con el agua. Sin embargo, esto no es propio de la década menemista. Hace casi dos años, Romina Picolotti, autorizó a capitales internacionales a explotar las aguas de las tierras cordobezas sin siquiera preguntarles qué era lo que iban a hacer, según cuenta en una nota publicada por la revista Fortuna, el cubano Rodriguez Pérez, uno de los empresarios interesados en estos negocios.
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